Últimamente vengo observando una nueva escalada de moralismo político que, más que contribuir a una discusión seria sobre el país, parece alimentar una vez más esa costumbre argentina de juzgar al adversario con una severidad que rara vez aplicamos sobre nosotros mismos. Leo y escucho críticas permanentes hacia el gobierno actual —un gobierno que no siento ninguna necesidad de defender por defender, porque como cualquier gestión tiene aciertos, errores, contradicciones y decisiones discutibles—, pero muchas veces esas críticas provienen de dirigentes, espacios o comunicadores que durante años justificaron, relativizaron o directamente ignoraron comportamientos que hoy condenan con enorme indignación. Por supuesto que todos tenemos derecho a expresarnos, cuestionar al poder y señalar aquello que consideramos equivocado. Ese derecho no debería discutirse jamás. Pero una cosa es tener derecho a hablar y otra muy distinta es tener autoridad moral para hacerlo.
Durante demasiado tiempo la política argentina profundizó una grieta que terminó convirtiéndose casi en una forma de identidad. Izquierda contra derecha, kirchnerismo contra antikirchnerismo, oficialismo contra oposición, progresistas contra liberales, pueblo contra élites. Cambiaban los nombres, pero permanecía la misma lógica: dividir para construir poder, identificar amigos y enemigos, simplificar una realidad compleja hasta reducirla a dos bandos irreconciliables. Esa dinámica nos dejó un país acostumbrado a desplazarse de un extremo al otro, con enormes dificultades para construir políticas de Estado, acuerdos básicos y una convivencia política que permita pensar más allá de una elección. Sin embargo, creo que existe otra grieta mucho más importante, más profunda y quizá menos visible. No es la que separa a la izquierda de la derecha ni al oficialismo de la oposición. Es la que separa la hipocresía de la autoridad moral.
No estamos hablando de personas perfectas frente a personas imperfectas, ni de buenos contra malos. Estamos hablando de comportamientos. Todos nos contradecimos alguna vez. Todos cambiamos de opinión. La experiencia, el conocimiento y la propia vida pueden llevarnos a revisar aquello que alguna vez creíamos verdadero. Cambiar de pensamiento no constituye necesariamente una contradicción moral; muchas veces es precisamente una señal de evolución. La hipocresía comienza en otro lugar: cuando exigimos hacia afuera aquello que deliberadamente evitamos exigirnos a nosotros mismos.
Su mecanismo es relativamente sencillo. Predico una virtud que no practico y obtengo el beneficio social de parecer virtuoso sin asumir el costo de serlo. Exijo transparencia, pero procuro que nadie examine demasiado mis propias decisiones. Reclamo republicanismo mientras justifico atropellos institucionales cuando los cometen los míos. Denuncio privilegios ajenos mientras considero legítimos los propios. Hablo de austeridad desde la comodidad, de igualdad mientras busco excepciones personales y de justicia únicamente cuando el acusado pertenece al bando contrario. El problema central de la hipocresía no es entonces la contradicción ocasional, sino la doble vara convertida en método.
Y la política contemporánea ofrece un terreno extraordinariamente fértil para ese comportamiento. Vivimos en la época del fragmento, del video de veinte segundos, de la frase contundente y de la indignación instantánea. Muchas veces alcanza con mostrarse suficientemente ofendido para ocupar por unos minutos el lugar de la superioridad moral. La memoria pública, además, suele ser corta. Pocos revisan qué decía esa misma persona cinco o diez años atrás, qué defendió cuando gobernaban los suyos, qué silenció cuando hablar resultaba incómodo o qué principios estuvo dispuesta a abandonar cuando apareció una conveniencia personal. La hipocresía tiene una enorme ventaja competitiva: es barata. La coherencia, en cambio, resulta costosa.
Por eso la autoridad moral es algo muy diferente. No significa considerarse superior a los demás ni presentarse como dueño de la verdad. Tampoco exige una vida inmaculada. La autoridad moral se construye cuando existe una correspondencia razonable entre aquello que una persona dice defender y aquello que efectivamente hace cuando sostenerlo implica algún costo. No se proclama; se acumula lentamente a través de decisiones. Y suele hacerse visible especialmente cuando actuar de acuerdo con los propios valores resulta incómodo.
Hay tres pruebas que, a mi entender, permiten reconocerla. La primera es el costo. Hay momentos en los que sostener una convicción significa perder algo: una oportunidad, un cargo, una relación conveniente, una posición dentro de un espacio político o simplemente la aprobación de quienes nos rodean. Decir que no cuando todos esperan un sí, cuestionar a nuestro propio sector cuando consideramos que se equivoca o renunciar a un beneficio que contradice aquello que defendemos públicamente son pequeñas formas de pagar ese precio. Cuando una convicción nunca supone ningún costo, conviene preguntarse cuánto hay realmente de principio y cuánto de marketing.
La segunda prueba es utilizar la misma vara. Quizá sea una de las más difíciles dentro de nuestra cultura política. Resulta sencillo ser implacable con el adversario y comprensivo con el amigo. Podemos condenar una conducta cuando la protagoniza alguien del otro espacio y encontrar inmediatamente una explicación cuando la realiza uno de los nuestros. De ese modo terminamos rodeados de fiscales del enemigo y abogados defensores de los propios. La autoridad moral empieza justamente cuando el principio continúa siendo válido aunque perjudique nuestros intereses, nuestra pertenencia o nuestras simpatías.
La tercera prueba consiste en hacerse cargo. Existe una enorme diferencia entre explicar un error y escapar de él. Quien necesita proteger permanentemente una imagen de infalibilidad suele recurrir al cambio de tema, al ataque, a la victimización o a la búsqueda de un culpable externo. Reconocer un error, en cambio, exige una fortaleza mucho mayor de la que normalmente suponemos. Decir “me equivoqué” no necesariamente debilita a una persona. Muchas veces produce exactamente lo contrario: la vuelve creíble.
Nelson Mandela constituye un ejemplo extraordinario de cómo se construye esa clase de legitimidad. Su autoridad moral no nació de haber sido un hombre perfecto ni de la ausencia de controversias en su trayectoria. Se construyó, entre otras cosas, después de veintisiete años de prisión y de haber sostenido convicciones por las que pagó un precio personal enorme. Pero quizá su grandeza apareció todavía con mayor claridad cuando, pudiendo convertir aquella historia en combustible para la venganza, eligió impulsar una reconciliación nacional. Allí reside muchas veces la diferencia entre un eslogan y una vida: en aquello que alguien está dispuesto a hacer cuando finalmente tiene la posibilidad de actuar.
Todo esto importa profundamente para la democracia porque la hipocresía termina generando cinismo. Y cuando el cinismo se instala, la participación comienza a morir. Si una sociedad llega a convencerse de que todos los dirigentes hablan de valores únicamente para obtener poder, que nadie cree verdaderamente en aquello que proclama y que todos terminarán haciendo exactamente lo mismo cuando tengan la oportunidad, la conclusión aparece casi automáticamente: “son todos iguales”. Y si todos son iguales, ¿para qué participar?, ¿para qué fiscalizar?, ¿para qué involucrarse en una institución, un partido, una cooperadora, una asociación vecinal o una reunión comunitaria?
Tal vez por eso el mayor daño de la hipocresía política no sea solamente engañar, sino destruir la confianza necesaria para que otros quieran participar. La autoridad moral produce el efecto contrario. Una persona que actúa de acuerdo con aquello que defiende, incluso en un pequeño Concejo Deliberante, una cooperadora escolar, una institución intermedia o un partido vecinal, puede generar más confianza que cientos de discursos perfectamente elaborados. Las sociedades necesitan ideas, programas y equipos capaces de gobernar, pero también necesitan ejemplos. Porque las palabras explican hacia dónde queremos ir; la conducta demuestra si realmente estamos dispuestos a recorrer ese camino.
Existe, sin embargo, una última trampa que conviene evitar: confundir autoridad moral con pureza. Nadie necesita ser perfecto para cuestionar una injusticia ni tener una biografía impecable para defender determinados valores. Todos cargamos contradicciones, errores y decisiones que probablemente hoy tomaríamos de otra manera. Lo importante no es eliminar toda imperfección humana, algo sencillamente imposible, sino ser honestos frente a ella. La persona coherente puede decir: “me equivoqué, aprendí y hoy pienso diferente”. El hipócrita, en cambio, necesita fingir que nunca hizo aquello mismo que condena.
Una sociedad madura debería ser capaz de distinguir ambas cosas. Deberíamos dejar de elegir únicamente entre discursos atractivos y comenzar a mirar trayectorias. Antes de dejarnos llevar por la indignación de alguien, quizá convendría preguntarnos cómo actuó esa persona cuando tuvo responsabilidades, qué hizo cuando los errores provenían de su propio espacio, si sostuvo los mismos principios cuando le resultaban incómodos y qué decisiones tomó cuando nadie parecía estar mirando. La biografía no determina para siempre a nadie, pero dice mucho más que un discurso preparado para una cámara.
Tal vez la verdadera renovación política no llegue simplemente cuando cambien las ideologías, los partidos o los nombres de quienes gobiernan. Puede comenzar cuando cambiemos aquello que premiamos como ciudadanos. Cuando dejemos de admirar al que grita más fuerte y empecemos a valorar al que conserva la misma vara. Cuando el reconocimiento público dependa menos de la capacidad de señalar culpables y más de la capacidad de asumir responsabilidades. Cuando comprendamos que la coherencia no consiste en no equivocarse nunca, sino en intentar vivir de acuerdo con aquello que decimos defender y tener la dignidad suficiente para reconocerlo cuando no lo conseguimos.
La hipocresía puede conquistar poder, ocupar espacios, dominar conversaciones e incluso ganar elecciones. Pero difícilmente pueda construir confianza durante demasiado tiempo. La autoridad moral funciona de otra manera: no necesita imponerse porque termina siendo reconocida. Y quizá ahí se encuentre una de las decisiones más importantes que tenemos por delante como sociedad. No solamente decidir quién queremos que nos gobierne, sino qué tipo de conducta estamos dispuestos a premiar.
Porque, al final, la democracia también se construye desde abajo. Cada vez que justificamos en los nuestros aquello que condenamos en los demás, alimentamos la misma cultura que después criticamos. Y cada vez que somos capaces de mantener una misma vara, reconocer un error o defender una convicción aun cuando nos perjudica, empezamos a construir algo distinto. Tal vez la grieta que realmente valga la pena cerrar no sea la que separa nuestras ideas, porque una democracia necesita diferencias, sino aquella que todavía separa lo que decimos de lo que hacemos.